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    En México hubo tres periodistas asesinados este año y 26 en 2017.

Alrededor de 437 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados en América Latina y el Caribe desde 2006 hasta la fecha.

Solo este año han sido asesinados al menos diez periodistas en Latinoamérica. Las alertas por estos crímenes permanecen encendidas en la región y este año en el Día Mundial de la Libertad de Prensa el enfoque está en la protección para estos profesionales.

El secretario general de Naciones Unidas, António Gutérres, pidió este jueves a los gobiernos más protección para los periodistas, cuyo trabajo consideró invaluable. "Hace falta aplicar e implementar las leyes que los resguarden y garanticen su acceso a la información", afirmó.

"Los periodistas y los trabajadores de los medios arrojan luz sobre los desafíos locales y globales y cuentan las historias que necesitan ser contadas", resaltó el representante de la ONU.

Gutérres también instó a que los crímenes contra periodistas sean procesados por la justicia. 

El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue proclamado por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1993, por recomendación de la Conferencia General de la Unesco.

En cifras: Periodistas asesinados

Los casos de periodistas asesinados este año: Tres en México, dos en Brasil, dos en Guatemala y tres ecuatorianos en la frontera de Ecuador y Colombia. 

- 21 de enero: Agustín Silva Vásquez, de 22 años. Reportero policial free-lance de El Sol del Istmo. Matías Romero, Oaxaca, México.

- 13 de enero: Carlos Domínguez Rodríguez, de 77 años. Periodista de El Diario de Nuevo Laredo. Ciudad y estado Tamaulipas, México.

- 6 de enero: José Gerardo Martínez Arriaga, de 35 años. Editor de la agencia de noticias del diario El Universal. Coyoacán, Ciudad de México.

Fuente: EFE

 

- 14 de junio (2017): Luís Gustavo da Silva, bloguero de 26 anos. Municipio de Aquiraz, Región Metropolitana de Fortaleza (RMF), Brasil. Su asesinato se conoció en el informe anual difundido el 18 de enero de 2018 en Río de Janeiro. 

- 16 de enero: Ueliton Bayer Brizon, periodista radial de Cacoal, en Rondônia, Brasil. Dueño y editor del sitio Jornal de Rondônia y presidente del Directorio Municipal do Partido Humanista da Solidariedade (PHS).

- 17 de enero: Jefferson Pureza, radialista de Edealina (Goiás, Brasil). Tuvo un programa en Rádio Beira Rio FM.

- 1 de febrero: Laurent Ángel Castillo Cifuentes, colaborador de Nuestro Diario, y Luis Alfredo de León Miranda, publicista de radio Coaltepec. Municipio de Coatepeque, departamento Quetzaltenango, Guatemala.

- 26 de marzo: El periodista Javier Ortega de 36 años, el fotógrafo Paúl Rivas de 45 años y el conductor Efraín Segarra de 60 años. Secuestrados y asesinados en la provincia de Esmeraldas, en la frontera de Ecuador y Colombia. 

 

Asimismo, en 2017 fueron asesinados 42 periodistas en nueve países de América Latina, según una investigación del medio Cubadebate.

Mientra que 2006 hasta la fecha se han registrado alrededor de 437 asesinatos en América Latina y el Caribe. 

 

Élites del poder y la manipulación

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión", establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Sin embargo, este derecho ha sido distorsionado por algunos medios de comunicación que responden a élites económicas y políticas

El columnista del diario El Telégrafo, Fernando Falconí Calles, explicó en su artículo Manipulación Mediática que en "América del Sur las élites que han detentado el poder desde inicios del siglo XX hasta la presente fecha se han asegurado de consolidar su dominio, no solo en el campo político, económico y militar, sino también -y de manera muy especial- en el campo cultural e ideológico, en el cual los medios de comunicación privados desempeñan un papel de primer orden".

Falconí resalta como ejemplos de estas élites en los medios de comunicación a la red O Globo en Brasil, Caracol y El Tiempo en Colombia, Clarín en Argentina, El Comercio en Perú, El Mercurio en Chile, El Nacional y Globovisión en Venezuela.

 

Estos medios, de acuerdo al columnista, "no han hecho otra cosa que servir de plataforma comunicacional de los intereses y 'valores' de las élites que han gobernado a Latinoamérica en los últimos 100 años".

También el investigador en el Centro Mundial de Estudios Humanistas, Javier Tolcachier, menciona "la intencionalidad política de medios privados incidentes en públicos locales como Ecuavisa o Teleamazonas en Ecuador, los medios del grupo Líder en Bolivia, El Mercurio en Chile, Caracol o RCN en Colombia, Veja en Brasil, La Prensa en Honduras, ABC en Paraguay o El Universal en Venezuela".

Solo en México al menos 11 familias tienen el poder de 24 de los 42 medios con más audiencias, que además concentran el 46 por ciento del presupuesto de la publicidad oficial, de acuerdo al informe “¿A quién le pertenecen los medios?”, de las organizaciones Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos) y el colectivo internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la plataforma Media Ownership Monitor (MOM).

Caso Red Globo en Brasil

El exmandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, han denunciado en reiteradas ocasiones que los grandes monopolios de comunicación fueron decisivos para el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016.

"El golpe no habría sido posible sin el ataque sistemático y la sórdida campaña de desmoralización que la Globo hizo contra el gobierno de Dilma y el PT (Partido de los Trabajadores", aseguró Lula en una entrevista para Nodal el año pasado.

 

También João Pedro Stedile, de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), señaló la responsabilidad de la Red Globo en el ataque político y judicial contra Lula, quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de abril en Curitiba, estado Paraná (sur), acusado de corrupción pasiva. La defensa del líder social denuncia la falta de pruebas en su contra y continúa apelando la decisión judicial.


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