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    "El agua no se vende: se cuida y se defiende", el lema de las marchas en El Salvador.

Las dificultades en el acceso al agua en El Salvador se pueden agudizar con la privatización del ente de control, prevista en un proyecto de ley impulsado por una coalición de derecha.

El pueblo salvadoreño está retomando las calles como en el 2002, cuando las multitudinarias Marchas Blancas lograron parar la privatización de la salud. En los últimas semanas, miles de salvadoreños han protestado en diversas ocasiones contra la intención de una coalición de partidos de derecha de privatizar el control del agua.

El principal punto en discordia es la propuesta de incluir a representantes de la empresa privada en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con un número de votos que, según las organizaciones populares, le darían el dominio del organismo.

Gran Alianza por al Unidad Nacional (GANA), Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN) poseen los votos necesarios para aprobar la normativa y para superar un eventual veto presidencial.

 

 

 

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Pero los sectores populares no se dan por vencidos. En un documento dirigido al Presidente de la Asamblea Legislativa y a la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de El Salvador, se exige la no privatización del agua y la garantía del recurso hídrico como derecho humano. La petición gira sobre cuarto puntos:

>> Que se reconozca el derecho de todas las personas a disponer de agua en las condiciones adecuadas.

>> Que se garantice la permanencia del ciclo hidrológico, esto significa proteger todas las zonas recolectoras de agua lluvia, para garantizar su disponibilidad.

>> Que se garantice la calidad del agua, a fin de que el agua servida en las viviendas pueda ser consumida como agua potable.

>> Que se optimice el uso del agua en todos los órdenes, exigiendo niveles mínimos de eficiencia para todas las tecnologías que consuman agua.

 

En abril de 2015 El Salvador vivió una escasez de agua, principalmente en la zona central del país, por una prolongada sequía. Esta situación se podría repetir y traer graves consecuencias a los más vulnerables, sobre todo si el recurso está privatizado. La Conferencia Episcopal de El Salvador ha lanzado la consigna "No permitamos que los pobres mueran de sed".

¿En qué se origina la escasez del agua en El Salvador?

Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dado a conocer en 2016, concluye que la vida en El Salvador sería inviable en 80 años a causa de la crisis hídrica que se ve agudizada por el cambio climático. Según la ONU, El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental en América, después de Haití, con solo un 3 por ciento de bosque natural intacto, con suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 por ciento de las aguas superficiales contaminadas.

¿Qué consecuencias tiene la privatización del agua en un país?

Con la privatización del agua, se genera un monopolio natural, porque la competencia sólo se puede dar en el principio de la concesión pública, pero posteriormente desaparece y el usuario queda librado al criterio económico de la empresa.

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Esto provoca un acceso desigual al servicio, un aumento permanente de tarifas, y un deterioro de las redes de distribución por falta de inversión, lo cual redunda en una pérdida en la calidad del agua.

Además este tipo de concesiones se ha convertido en lugar común para la corrupción política.

¿Qué pasa en el resto de América Latina?

En la mayoría de los países hay presiones de las multinacionales para apoderarse de reservas y concesiones.

En México, el gobierno saliente de Peña Nieto dictó una ley que apunta a la privatización del agua, la entrega de concesiones a perpetuidad y el aumento de tarifas para uso doméstico.

En Honduras, Perú, Argentina, Brasil hay iniciativas similares. En cambio, en Venezuela, el agua es un recurso público establecido en la Constitución nacional.

También en Uruguay en 2004 se dio un paso singular al aprobar una reforma constitucional que define al agua como un bien de dominio público.

¿Cuál es la situación en el resto del mundo?

En Europa, luego de un proceso de gradual privatización del servicio, la tendencia actual es volver a la gestión pública.

La tendencia actual es a la remunicipalización del agua. Sólo el 10 por ciento de las 400 ciudades más grandes del mundo tienen privatizado el sistema de aguas y la tendencia es ir volviendo al sistema público. En los últimos diez años, más de un centenar de grandes ciudades han remunicipalizado el agua: París, Berlín, Budapest, Atlanta, Indianápolis, Buenos Aires, La Paz. Johannesburgo, Dar-es-Salaam.

El agua, “oro azul” para la ONU

En el año 2010 la Asamblea General de la ONU aprobó que el acceso del agua y al saneamiento es un derecho humano. La conferencia de las Naciones Unidas para el Agua y el Medio Ambiente, que se celebró en 1992 en la capital de Irlanda, Dublín, declaró el agua como el oro azul y fue considerado como un bien económico.


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